Los Acuerdos de San Andrés
El 16 de febrero de 1996 se firmó en la localidad de San Andrés Larráinzar, Chiapas, un acuerdo entre el Gobierno de México y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) denominado Acuerdos de San Andrés, constituyéndose como el resultado de una larga rueda de negociaciones en la que ambas partes debatieron juntos y , a su vez, cada uno de ellos asesorados por sus respectivos especialistas, cuestiones relativas a la representatividad indígena en la Constitución.
Los principales puntos de discusión fueron: derechos y cultura Indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación en Chiapas y derechos de la mujer en Chiapas.
El objetivo de los acuerdos estuvo en torno a la integración, desarrollo y homogenización de un pueblo que cuenta con una larga historia de marginación y desigualdad. Para ello, pedían ser reconocidos constitucionalmente, único modo de obtener sus derechos como ciudadanos.
En el campo cultural, solicitaron el reconocimiento de su identidad y un espacio que les permitiera la difusión de su cultura, como así también el acceso a la educación pública. Del mismo modo, en tanto ciudadanos, pedían poder acceder a la “satisfacción de las necesidades básicas” como salud, promoción del empleo y protección.
El proyecto de ley fue elaborado por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), institución de carácter legislativo fundada en 1995 por la Cámara de Diputados de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y cuya función fue la de colaborar pacíficamente, a través del diálogo, en medio de un clima de tensión en razón del levantamiento zapatista. La propuesta presentada por la COCOPA fue aceptada por el EZLN pero, poco tiempo más tarde, volvieron a surgir discrepancias debido a que el Gobierno propuso modificaciones que alteraban en esencia el plan original. Esta animosidad llevó a la ruptura del diálogo.
Finalizado el mandato de Gortari, Ernesto Zedillo, nuevo Presidente de México, desconoció los acuerdos firmados por su antecesor. Vicente Fox, por su parte, manifestó una clara intención de reactivarlos. La iniciativa presentada fue modificada por el Senado y la reforma fue promulgada en el 2001, aunque muy diferente a la elaborada por la COCOPA. Fue refutada por los pueblos indígenas.
Entre los reclamos y desacuerdos manifestados en contra de la Ley Indígena aprobada el 28 de abril de 2001 se encuentra, fundamentalmente, la cuestión del derecho de la comunidad. La reforma contempla el respeto por los pueblos indígenas y su asimilación como mexicanos dentro de las leyes y constituciones de los estados pero sin reconocer la constitución de esos pueblos. En tal sentido, de allí se desprenden una serie de desacuerdos que hacen al funcionamiento de la colectividad indígena como, por ejemplo, el acceso de éstos a los recursos destinados por la municipalidad. Asimismo, tampoco es claro el reconocimiento a sus territorios, entre otro de los puntos cuestionados.
Los Acuerdos de San Andrés preveían una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, basada en la aceptación de éstos como activos integrantes de la sociedad y en el respeto por la diferencia. Asimismo, las cuestiones políticas inherentes a los zapatistas tampoco favorecieron el arribo a una solución que mermara las disputas. Los preceptos por los cuales esos acuerdos se definieron nunca fueron cumplidos, pese a las diferentes instancias y reclamos manifestados por la comunidad, redundando en el incremento de las tensiones entre el Gobierno y el EZLN a 12 años de su firma.