La Ley del Timbre de 1764
Para los políticos británicos que hubieron de buscar nuevas fuentes de ingresos para recuperar los inmensos gastos producidos por la Guerra de los Siete Años, las colonias de Norteamérica parecían la solución ideal, tanto por razones políticas como por razones económicas.
Siendo colonias ricas y prósperas, y sin haber tenido que hacer frente a fuertes impuestos en ningún momento de su historia, los británicos pensaron que los americanos no se opondrían a pagar un impuesto para asegurar su defensa. Argumentaron que los colonos americanos se habían beneficiado indudablemente de la expulsión de los franceses de Canadá, y que ahora, en un momento de clara necesidad, no iban a dudar en ayudar a la Madre Patria.
De hecho, con la única excepción de William Pitt, un popular líder de la oposición parlamentaria, no hubo ningún político británico prominente que se opusiera al derecho británico de gravar con impuestos a sus colonias americanas. La única dificultad para llevar a cabo el proyecto era encontrar una manera de forzar a los colonos a pagar esos impuestos, de forma que no pudieron evitarlos, pues era ya común que aquellos evadieran los cargos aduaneros por medio del soborno y el contrabando.
Las leyes del timbre ingleses proveyeron un precedente, y en 1764, tras aprobar toda una serie de requerimientos legales, el representante del tesoro George Greenville anunció planes para imponer un mismo impuesto para América, que se empezaría a aplicar al año siguiente. La ley consistía en el establecimiento de un gravamen a todo procedimiento administrativo, burocrático o editorial, impuesto que cobraría el Parlamento.
Para limar asperezas, invitó a los representantes americanos a proponer vías alternativas si la original no era de su agrado, pero, al contrario de esto, lo que los americanos dieron por respuesta fue una total negativa, arguyendo que si bien las colonias no estaban representadas en el Parlamento británico, este órgano no tenía derecho alguno a cobrarles impuestos. “No taxation without representation”, o “no impuestos sin representación”, fue el lema esgrimido por los colonos, un lema basado en toda una larga tradición anglosajona.
Un Greenville cada vez más airado respondió que todos los británicos estaban representados en el Parlamento, aunque no por ello todos tuvieran que votar. Su argumento fue el que impulsó la aplicación definitiva de la ley, aprobado por el Parlamento con una ventaja de 249 votos a favor frente a 51 en contra.
La reacción americana no se hizo esperar. Parcialmente coordinada por grupos de resistencia que se hicieron llamar los Hijos de la Libertad, fue inmediata, enormemente respaldada, y violenta. Los grupos rebeldes impidieron a los distribuidores la firma de cualquier actividad burocrática, y a los gobernadores la emisión de bandos y todo tipo de procedimientos administrativos. Sin actividad comercial ni burocrática, el impuesto no podía aplicarse.
La repulsa al pago de impuestos fue interpretada como una derrota por Inglaterra, tensó enormemente las relaciones entre colonias y metrópoli, fortaleció a las primeras y debilitó flagrantemente la imagen de la segunda. Puso en juego, en definitiva, los principales ingredientes para el estallido de la Guerra de Independencia.