La CONADEP
La dictadura militar más sangrienta que padeció la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, dejó un legado de sangre, horror y ansias de justicia. Raúl Alfonsín, el presidente que asumió democráticamente, el 10 de diciembre de 1983, luego de la barbarie, tuvo la misión de hallar la verdad, para que las víctimas del terrorismo de estado pudieran descansar en paz, y sus familias, encontraran el consuelo de la justicia. Fue así que dicho presidente, al quinto día de ocupar el sillón presidencial, firmó el decreto 187, que creaba un organismo de investigación, el 15 de diciembre de 1983, con el objeto de desnudar ese pasado violento, y hallar los rastros de aquellas personas que figuraban como “desaparecidos”, como si alguien pudiera salir de la faz de la tierra, sin responsabilidad para las manos asesinas, que se encargaron de ello.
Esa organización destinada a reunir pruebas para un futuro juicio a los violadores de los más elementales derechos del ser humano, fue la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) dependiente del Ministerio del Interior, que nació cuestionada por amplios sectores, y que terminó aplaudida por todos.
En efecto, muchas voces se alzaron contra la formación de esta comisión de notables, ya que sus miembros no pertenecían a la política sino a diversos sectores de la comunidad.
Alfonsín pertenecía al Partido Radical pero la mayoría en el Senado era peronista, y eso les permitió negarse a designar tres legisladores para integrar la comisión. No eran pocos los que sostenían que era más factible el funcionamiento de una comisión bicameral, con miembros de ambas cámaras del Congreso. Incluso las Madres de Plaza de Mayo, el Premio Novel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y organismos de derechos humanos plantearon esta posición, para luego admitir que hubiera sido un error por la demanda de tiempo que hubiera implicado.
Los integrantes de la CONADEP, eran de una moral y reputación incuestionable. Presidida por el periodista Ernesto Sábato, elegido presidente por voto unánime, la componían además. Ricardo Columbres (jurista), Hilario Fernández Long (ingeniero y ex rector de la UBA), René Favaloro (cardiocirujano), Gregorio Klimovsky (cientifico), Marshall Meyer (rabino norteamericano), Jaime de Nevares (obipo de Neuquén), Carlos Gattinoni (pastor metodista), Magdalena Ruiz Guiñazú (periodista) y Eduardo Rabossi (filósofo). También la conformaron tres diputados: Horacio Hugo Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill.
La inauguración de sus sesiones fue el 22 de diciembre de 1983, y la sede se constituyó en el Centro Cultural General San Martín (segundo piso). No asistieron a esa primera reunión, ni el Dr. Favaloro ni Gregorio Klimovsky.
Fue una tarea realizada en el escenario mismo de los hechos, durante nueve meses, recibiendo nueve mil denuncias, escuchando siete mil testimonios, de los cuales mil quinientos correspondieron a sobrevivientes, llegando a reunir un documento incriminatorio, que sirvió para juzgar a los integrantes de la Junta Militar, en cincuenta mil fojas. Fueron registrados ocho mil novecientos sesenta desaparecidos, y se hallaron trescientos ochenta centros clandestinos de detención, siendo los principales la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), La Perla, el Olimpo y Mansión Seré.
El Juicio a las Juntas Militares se llevó a cabo en diciembre de 1985, luego del rechazo de su juzgamiento por un tribunal militar, y estuvo a cargo de la Cámara Federal, y este documento elaborado por la CONADEP, que recibió el título de “Nunca Más”, cuando fue publicado en 1984, sirvió de prueba para su condena, aunque los nombres de los represores, que ascendieron a más de mil trescientos en las denuncias, no fueron jamás publicados, salvo por boca de los encuestados y denunciantes.
Los enjuiciados fueron los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares. La última, presidida por el general Bignone, quedó excluida del proceso.
Fueron juzgados por homicidio, secuestro, allanamiento ilegal, torturas, pero no por la desaparición de personas, figura penal desconocida en el mundo entero. La condena afectó a cinco de los nueve procesados.
Luego vinieron la Ley de Punto Final (23 de diciembre de 1986) que limitaba la presentación de causas contra los militares a dos meses, la Ley de Obediencia Debida de junio de 1987, que amparó a quienes habían actuado delictivamente cumpliendo órdenes de sus superiores, y durante el gobierno de Menem, los cuestionados indultos (29 de diciembre de 1990). En 1995 comenzaron en Argentina los juicios por la verdad. En el año 2001, teniendo como antecedente una sentencia de la Cámara Federal de Bahía Blanca, el Juez Federal, Dr. Gabriel Cavallo, declaró en un caso concreto, la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.