Las dictaduras militares argentinas
Cuando se interrumpe la normal aplicación de las normas constitucionales sustituyendo a un gobierno de iure (de derecho, de acuerdo a la ley) toman el gobierno funcionarios de facto (de hecho, sin legitimidad jurídica). La mayor parte de los gobiernos de facto asumieron por un golpe de estado. Esto ocurre cuando un grupo de personas, apoyándose en la fuerza, derrocan al gobierno democráticamente elegido (por el voto popular), aduciendo una “razón de estado” o un “estado de necesidad” para hacerlo.
Un golpe de estado es, entonces, un pronunciamiento contra las autoridades constituidas para reemplazarlas por otras, que no busca generar transformaciones y que habitualmente beneficia a una oligarquía o grupos conservadores. Se diferencia de una revolución en que ésta, sí intenta transformar profundamente la sociedad, debido a que quienes toman el poder pertenecen a un grupo social que antes estaba marginado del mismo.
No hay justificación legítima para los golpes de estado, ya que la Constitución tiene previstos los casos de crisis, como la conmoción interior, la sedición y el caso extremo del ataque exterior, para los cuales se puede declarar el estado de sitio.
El gobierno resultante de un golpe de estado se llama, como dijimos, de facto o de hecho, por la forma como consiguen asumirlo, que es por la fuerza, como contrario al gobierno de derecho o de acuerdo a la ley, que es por elección popular. También se los denomina dictaduras, en cuanto al modo de ejercicio del mando, que es con poder ilimitado, sin ningún tipo de control.
En las dictaduras, el poder está concentrado en manos de una persona o de un grupo de individuos que reúnen todos los poderes del estado, contrario al ideal democrático de la división de poderes, ya propuesto por Montesquieu en el siglo XVIII, que permite el control de los poderes entre sí. En este caso es el gobernante quien decide sobre la persona y bienes de sus gobernados cuya conducta se limita a obedecer.
El primer gobierno de facto, tras la jura de la Constitución Nacional Argentina de 1853, fue el del general Bartolomé Mitre, que asumió tras haber ganado la batalla de Pavón en septiembre de 1861.
En el siglo XX existieron una serie de insurrecciones militares que quebraron el orden constitucional.
Si bien el democrático gobierno de Hipólito Yrigóyen había sido elegido por una amplia mayoría, los opositores se habían ocupado de hacer una campaña de desprestigio tal, que nadie reaccionó ante el levantamiento que llevó al poder al general José Félix Uriburu, que fue reconocido como presidente de facto por la Corte Suprema de Justicia en una Acordada (nombre que reciben las decisiones de este alto tribunal) del 10 de septiembre de 1930.
Uriburu fue el iniciador de lo que más tarde se haría una costumbre, asumir la calidad de legislador a través del dictado de decretos- leyes. Las leyes son las que emanan del órgano natural destinado a su creación: el Poder Legislativo, los decretos-leyes son las normas que surgen del Poder Ejecutivo, que sólo constitucionalmente podría hacerlo en caso de necesidad o urgencia con la aprobación posterior del Legislativo.
Su mandato fue conocido como la “década infame” por las atrocidades cometidas, como el asalto al comité central de la UCR (Unión Cívica Radical) partido al que pertenecía el ex presidente Yrigóyen, en cuyo domicilio ingresaron, y quemaron sus pertenencias.
Disolvió el Congreso nacional (ya dijimos que las leyes emanaban ahora del Poder Ejecutivo como decretos-leyes), intervino las provincias, implantó el estado de sitio y la ley marcial (las personas imputadas de algún hecho delictivo son juzgadas por autoridades y tribunales militares). Clausuró diarios, reprimió sindicatos y permitió la tortura a opositores.
Un nuevo golpe de estado se produjo en 1943, contra el presidente Castillo, y el nuevo gobierno también fue reconocido por una Acordada de la Corte Suprema de Justicia.
El primero en asumir, el general Rawson, estuvo menos de tres días a cargo del gobierno, asumiendo el general Pedro Pablo Ramírez que gobernó durante ocho meses, siendo desplazado por su vicepresidente, el general Edelmiro Farrell, el 24 de febrero de 1944.
En esta etapa comienza a surgir una figura que más tarde, descollaría en el escenario político: Juan Domingo Perón, que en ese momento revestía el grado de Coronel, quien ocupó la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación.
El presidente de facto, Farrell, hizo renunciar a Perón, en su candidatura a las próximas elecciones y lo confinó a la isla Martín García. En su apoyo, las masas populares, que veían en Perón el protector de sus derechos laborales, se levantaron el 17 de octubre de 1945 e invadieron el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Obtuvieron como resultado la libertad de Perón, el restablecimiento de las libertades y de los partidos políticos, y la anticipación de las elecciones generales para febrero de 1946.
El golpe de estado de 1955, conocido como Revolución Libertadora, fue dirigido contra Perón, a quienes los golpistas acusaron de dictador, de abuso del uso de la fuerza y de humillación a sus conciudadanos. También de aniquilar los derechos y garantías constitucionales y gobernar a su capricho.
El golpe fue realizado por distintos sectores. Tomó el gobierno el general Eduardo Lonardi, quien al asumir disolvió el Congreso y designó nuevos ministros en la Corte Suprema de Justicia, adictos a sus órdenes, concentrando de ese modo los tres poderes del estado. A pesar de afirmar que no habría vencedores ni vencidos, se ensañó con el peronismo tomando sus locales gremiales.
Sin embargo, dentro de los mismos militares, había discrepancias. La oposición liberal que quería ingresar al FMI (Fondo Monetario Internacional), triunfó, por lo que se relevó al militar nacionalista Lonardi, por otro militar liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu. Éste inicio la llamada “política gorila” contra el peronismo, tratando de hacerlo desaparecer.
Otra dictadura surgió el 29 de marzo de 1962, y fue contra el gobierno constitucional de Frondizi, quien había asumido en 1958, por un pacto con el peronismo, por el cual se comprometía a legalizar a ese partido.
Durante su gobierno, Frondizi, sufrió la presión constante de los militares, que le obligaron, entre otras cosas, a declarar el estado de sitio y a romper relaciones diplomáticas con Cuba.
Al ser depuesto por las fuerzas armadas y conducido detenido a la isla Martín García, asumió como Presidente, el Presidente del Senado, José María Guido, quien convocó a elecciones, asumiendo en 1963, Arturo Illia con sólo el 25 % de los votos. Con tan poco apoyo popular, se pudo montar una campaña de desprestigio que precipitó el golpe, que llevó a cabo el general Juan Carlos Onganía el 28 de junio de 1966.
La intención del gobierno radical, de permitir la participación del peronismo, fue el detonante para la toma del poder por los golpistas, en la llamada Revolución Argentina.
El gobierno de Onganía tuvo ciertas particularidades. La mayoría de los gobiernos de facto asumían para recomponer la situación y convocar nuevamente a elecciones, en este caso, Onganía llegó para quedarse.
Nunca aseguró que cumpliría la Constitución ni que su gobierno fuera provisional. Las leyes supremas fueron el Acta de la Revolución Argentina y el Estatuto de la Revolución Argentina.
A partir de 1968, comenzó su accionar la guerrilla, de ideología comunista, formándose, por ejemplo, la organización Montoneros, en 1970. Estos grupos subversivos, que querían desestabilizar el gobierno para alcanzar el poder e imponer su propia concepción de justicia, atacaron instalaciones armadas para proveerse de material bélico, secuestraron empresarios, asaltaron Bancos para obtener fondos, o asesinaron a figuras políticas o militares, que consideraban tenían un accionar repudiable. Si bien sus propósitos eran loables, como una más justa distribución de la riqueza, los medios usados eran violentos.
En 1970, Onganía fue reemplazado por un golpe interno militar, asumiendo el general Roberto Marcelo Levingston, quien a su vez fue reemplazado, en 1971, por Alejandro Agustín Lanusse designado por la Junta de Comandantes, quien convocó a elecciones.
Se sucedieron los gobiernos constitucionales de Héctor Cámpora, representante del peronismo, ya que Perón estaba excluido, quien asumió el 25 de mayo de 1973, y que duró 49 días, dando lugar a la elección de Perón, asumiendo bajo la fórmula Perón-Perón, ya que su vicepresidente, era su segunda esposa, María Estela Martínez de Perón.
Mientras tanto la guerrilla continuaba creciendo en su accionar. El ERP (Ejército revolucionario del Pueblo) no era peronista, y siguió con sus métodos violentos durante el régimen constitucional, e iniciando en 1974 la guerrilla en Tucumán.
Los Montoneros, que habían luchado por el regreso de Perón, no contaban ahora con su apoyo.
En 1974, los Montoneros, durante el acto del 1 de mayo, cantaron consignas despectivas hacia la vicepresidente, siendo echados por Perón, y comenzaron a actuar desde la clandestinidad.
A la muerte de Perón, su viuda, ocupó la presidencia pero de modo simbólico ya que la mayoría de los asuntos de gobiernos fueron decididos por López Rega, que había asumido en mayo de 1973 como Ministro de Bienestar Social. Éste había fundado la Triple A (alianza anticomunista argentina) para luchar contra la guerrilla. El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, impuso una política económica ultra liberal, devaluando la moneda al 100%, provocando una grave inflación. Ambos fueron expulsados del gobierno en julio de 1975, mientras se preparaba el golpe de estado de 1976. La crisis política, económica y social era insostenible. La inseguridad se había apoderado de todos los ámbitos de la vida ciudadana.
El golpe del 24 de marzo de 1976, colocó en el mando a la Junta Militar, otorgándole la suma del poder, que gobernó en contra de la Constitución y por ende de los más sagrados derechos humanos, inclusive la vida, ya que durante su permanencia en el poder se produjeron hechos terribles, justificados por la lucha antisubversiva, que incluyeron secuestros de personas sospechadas de guerrilleras, torturas, apropiación de bebés de las mujeres que parían en cautiverio y luego eran muertas, pasando a integrar una lista llamada “de desaparecidos”, junto a muchos miembros de la ideología de izquierda o sospechados de serlo.
La Junta Militar suspendió toda actividad política y gremial y estableció un control ideológico en las escuelas.
Estuvo integrada en su asunción, por el Teniente General Videla, Comandante General del Ejército, el Almirante Emilio Massera, Comandante General de la Armada y el Brigadier General Orlando Ramón Agosti, Comandante General de la Fuerza Aérea.
Fue en 1983 cuando se restableció el orden constitucional al asumir democráticamente el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, con el 52% de sufragios. A partir de entonces no hubo interrupciones al sistema democrático.