El Acuerdo de San Nicolás

Luego de la batalla de Caseros, donde se consagró el triunfo de Urquiza sobre Rosas, el 3 de febrero de 1852, el vencedor, a cargo de un poder de hecho, optó por seguir una política conciliatoria con las provincias, para lo cual comisionó a Bernardo de Yrigóyen con la misión de lograr la adhesión de todas las provincias para lograr la unidad nacional y transformar en jurídico su poder de facto. Urquiza pretendía que los partidarios de Rosas se sumaran a la causa nacional, olvidando sus rencores, bajo la consigna de “no hay vencedores ni vencidos”.

Yrigóyen obtuvo el compromiso de los gobiernos provinciales para preparar la organización nacional, y Urquiza se convirtió en el depositario del manejo de las relaciones exteriores, por el Protocolo de Palermo, del 6 de abril de 1852, firmado entre las provincias de Buenos Aires y las del litoral. Por Entre Ríos, lo suscribió Urquiza, por Corrientes, Virasoro, por Buenos Aires, Vicente López, y por Santa Fe, Manuel Leiva. Por dicho Protocolo también se decidió dar cumplimiento al Pacto Federal de 1831, para reunir en Santa fe, una Comisión representativa, con facultad de convocar a un Congreso constituyente.

Luego del éxito de la misión de Yrigoyen se decidió no reunir la comisión representativa, citándose directamente a los gobernadores, lo que se realizó en San Nicolás de los Arroyos, al noreste de Buenos Aires, lugar en que se firmó un acuerdo, el 31 de mayo de 1852, basado en el proyecto del correntino Juan Pujol, por el cual los gobernadores se comprometían a realizar la organización nacional bajo el sistema federal. Concurrieron los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, San Luis, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Urquiza representaba a Catamarca, a su pedido, Por el artículo primero, de un total de diecinueve y uno adicional, el Pacto federal de 1831, era declarado ley fundamental de la república, suprimiéndose en toda la extensión del territorio las restricciones al comercio, navegación y al tránsito de mercaderías.

Los artículos dispuestos entre el 4 y el 13 organizaban el Congreso, encargado de dictar la Constitución. En dicho Congreso, cada provincia estaría representada por dos diputados, cuyas personas eran sagradas e inviolables, sin tener que traer instrucciones especiales, y sin intereses localistas, sancionándose la Constitución por mayoría de sufragios.

El Congreso debería velar por la paz entre las provincias, condición necesaria para su buen funcionamiento.

El acuerdo creaba el cargo de Director Provisorio, siendo designado Urquiza para ejercerlo, quien al estar a cargo de las relaciones exteriores, quedaba facultado para emplear los medios necesarios para restablecer la paz en caso de que fuera perturbada, lo que le posibilitaba intervenir en las provincias. Tenía la posibilidad de establecer la reglamentación de la navegación de los ríos interiores, y el resto de los medios de comunicación. También se lo colocaba al frente del ejército mientras funcionara el Congreso.

Para asesorar al Director se creaba un Consejo de Estado, cuyos integrantes eran designados por el propio Director.

Los gastos administrativos serían soportados proporcionalmente por las provincias, con el producto de su recaudación aduanera.

En un artículo adicional, se invitaba a adherir a las demás provincias. Se trataba de Córdoba, Salta y Jujuy, que lo ratificaron el 1 de julio.

La provincia de Buenos Aires había sido representada por el gobernador VicenteLópez, y antes de que éste retornara a su provincia el Acuerdo apareció publicado en el diario “El Progreso”, provocándose un ambiente de agitación colectiva por el exceso de facultades otorgadas a Urquiza y por haber perdido Buenos Aires su posición de privilegio, suscribiendo el pacto en igualdad con el resto de las provincias, perdiendo además su ejército y sus rentas.

Cuando el día 14 de julio, arribó López a Buenos aires presentó el acuerdo a la Legislatura, junto con un mensaje, apoyando los fines de unión que propendía y avalando las facultades de Urquiza con el argumento de que era necesaria una autoridad provisoria pero sólida, para asegurar el orden.

El 21 de junio se iniciaron los debates, donde Mitre, ese mismo día, lo consideró atentatorio a la libertad del país, por crear un poder dictatorial, despótico y arbitrario. Para Mitre se le otorgaba a Urquiza “en una mano el dinero, en la otra las bayonetas, y disponían a sus pies, el territorio, las leyes y los hombres”.

Al día siguiente, Vélez Sársfield hizo el ataque desde el punto de vista jurídico, tildándolo de ilegal, al atribuirse los gobernadores reunidos, facultades de cuerpo legislativo. A esta opinión se le opuso la del hijo del gobernador López, Vicente Fidel López, quien adujo que no se trataba de una nueva ley, sino de la reglamentación del Pacto Fundamental que guiaba los destinos de la patria desde su origen.

En defensa del acuerdo, se pronunció el doctor José María Gutiérrez, ministro de gobierno, que justificó los amplios poderes de Urquiza como necesarios para unir los elementos esparcidos.

Finalmente, en medio de disturbios, que debieron ser sofocados por las fuerzas policiales, el acuerdo fue rechazado por amplia mayoría. En consecuencia, el gobernador López renunció, designándose a Manuel Guillermo Pinto, Presidente de la Legislatura, como gobernador interino.

Ante estos acontecimientos, Urquiza disolvió la legislatura y se puso provisoriamente al mando de la provincia, dejando luego en su lugar, al General José Galán, para dirigirse a inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente.

El 11 de septiembre de1852 se produjo una sublevación al mando del general Pirán que sin demasiado esfuerzo derrocó al gobernador y recolocó en el cargo, al general Pinto. Esto provocó la separación de Buenos Aires de la Confederación.